Según la definición de AFCC (Association of Family and Conciliation Courts) formulada en el año 2005, la coordinación de parentalidad es:
“Un proceso alternativo de resolución de disputas centrado en los niños/as, en virtud del cual un profesional de la salud mental o del ámbito jurídico con formación y experiencia en mediación, asiste a progenitores en situación de alta conflictividad a implementar su plan de parentalidad, ayudándoles a resolver oportunamente sus disputas, educándolos con respecto a las necesidades de sus hijos/as y –previo consentimiento de las partes y/o del juzgado– tomando decisiones en base a los términos y condiciones establecidos por la resolución judicial, o por el acuerdo de designación del/la coordinador/a de parentalidad.
El fin último de este recurso es proteger a menores que sufren el impacto negativo de las crisis familiares y así evitar el daño psico-emocional que ello implica en el desarrollo presente y en el futuro de sus vidas.
La CP viene a dar respuesta a aquellos casos en los que otras herramientas tales como la mediación, la sentencia, la terapia … no son suficientes en estos supuestos de ruptura con alta conflictividad.
Así, la COPAR viene a ser una figura auxiliar de los tribunales y jueces, ya que éstos no suelen ser capaces de solventar esta especial problemática con los medios de ejecución clásicos (apercibimientos, multas, o la intervención de la fuerza pública).
De hecho, hay sentencias que señalan que, en la fase de ejecución de las sentencias en materia de Derecho de Familia, existe una “obsolescencia de los instrumentos procesales ofrecidos por la Ley de Enjuiciamiento civil para solucionar las controversias que van surgiendo”.
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